La Nación concentra hoy el 76 % de los impuestos recibiendo el conjunto de las Provincias y Municipios el 24% restante.
Durante el gobierno de Alfonsín la Nación se apropiaba del 45% de los recursos impositivos. Este porcentaje escaló al 55% en el menemismo y llegó a un impúdico 76% en la actualidad.
Las provincias vieron disminuido el porcentaje en simétrica proporción, pasando de manejar el 55% de los recursos al 24% actual.
Esta concentración unitaria es escandalosa. De cada 10 pesos que un ciudadano abona en concepto de impuestos en Quitilipi, Junín o Sunchales $ 7,6 los recibe y administra el Gobierno Nacional y $ 2,4 quedan para ser repartidos entre todas las Provincias y Municipios.
Lo doloroso de la historia es que lo expresado no ocurrió con la heroica resistencia de Gobernadores, Intendentes y legisladores provinciales, sino con la complacencia de una notable mayoría.
Los mismos en general, apoyaron o votaron facultades extraordinarias, aplaudieron superpoderes, prorrogaron leyes de emergencia económica, toleraron retenciones ó, en el mejor de los casos, guardaron una vergonzosa y secuaz mudez sobre la cuestión.
La asfixia financiera y económica de las Provincias cuyos déficits pasaron a ser la disimulada contracara del superávit que festejaba el oficialismo kirchnerista en la Nación, fue paliado con obsecuencia y alineación; lo que permitió –al gobernador sumiso - recibir la bendición oficial mediante partidas extras en una alianza de vasallaje feudal incompatible con una República.
“Aquí también la Nación crece” indican centenares de carteles a lo largo del país, revelando que allí se está premiando a un Gobernador o Intendente dócil que ha elegido el ancho camino de la indignidad, haciendo la vista gorda a la opresión impositiva del gobierno central sobre sus comprovincianos, por una “dádiva”, en lugar de exhibir orgulloso obras provinciales con recursos propios (los mismos que son transferidos diariamente a la Nación en montos que superan largamente lo que vuelve esporádicamente en obras y muchas veces solo en carteles y propaganda oficial).
Estos Gobernadores, Intendentes y Legisladores, partícipes necesarios de la depredación de las riquezas provinciales, renunciaron alegremente al principio pétreo fundamental de nuestra organización federal de gobierno según la cual las Provincias preceden a la Nación y “conservan todo el poder que no hayan delegado” según reza en su artículo 121 de la misma Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir.
Prefirieron ser coautores agraciados en el saqueo de sus propios territorios y no heroicos y arriesgados adalides de una causa (la autonomía federal de sus Provincias) cuyos sacrificios se antojan muchos y cuyos premios parecen inciertos.
Hoy agregan a su cobardía una cuota extra de servilismo e indecencia. En vez de reclamar a la Nación lo que les corresponde a sus distritos por legítimo y constitucional derecho, eligen colaborar con el modelo unitario exprimiendo aún más a sus pueblos.
Santa Cruz es sólo una pequeña muestra
Santa Fe arranca 2012 con un déficit “inédito” tratándose de la única Provincia que enfrentó la crisis del 2002 con superávit y sin emitir patacones. Lo mismo pasa en Buenos Aires y Córdoba. De la Sota anuncia un “techo” de aumentos para los sueldos estatales del 12% en un país cuya inflación anual no baja del 25% y que se estima será mayor este año después del tarifazo.
El intendente de Córdoba Capital quiere declarar la cesación de pagos. Mendoza, anunció un congelamiento de salarios en 2012. Río Negro, antes del asesinato del gobernador Soria, cancela los contratos de 4.500 trabajadores precarizados y pasa “a disponibilidad” a otros 20.000 efectivos.
Los Gobernadores Provinciales que por acción u omisión, indiferencia o cobardía, alineamiento con el modelo o temor reverencial fueron cómplices del saqueo de sus Provincias en los últimos 10 años ahora, prestan el servicio rastrero y despreciable de hacerse cargo del ajuste para salvar el "relato".
Gabriel Venica
gvenica@uade.edu.ar
