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Tanto el proyecto de reforma del Código Civil del voluble Lorenzetti, como la reforma agraria del “chavista” Pino Solanas precarizan de tal modo el derecho de propiedad (y la libertad de comercio e industria) sancionados por nuestra Carta Magna, que los vuelve practicamente inexistentes convirtiéndolos en mera concesión o licencia temporaria.
No se trata simplemente de la posibilidad de que una propiedad fuera expropiada para paliar el hambre de un determinado grupo (caso extremo), sino de la justificación de todas y de cada unas de las regulaciones, imposiciones, prohibiciones, retenciones, roes, registros actualmente vigentes (todas las cuales pueden fundarse en derechos de incidencia colectiva), más todos los que puedan crearse sin otro límite que la imaginación de cualquier grupo de particulares o de funcionarios o Intendentes o burócratas que encuentren en la caja de Pandora llamada “derechos de incidencia colectiva”, la excusa para intervenir, regular, limitar, confiscar.
No en vano Juan Bautista Alberdi (Padre de la Constitución Nacional) explicando el art. 17 de la misma y previendo futuras interpretaciones que lo desnaturalizaran, previno diciendo:
“Pero no bastaba reconocer la propiedad como derecho inviolable. Ella puede ser respetada en principio y desconocida y atacada en lo que tiene de más precioso- en el uso y disponibilidad de sus ventajas… El socialismo hipócrita y tímido ha empleado el mismo sofisma, atacando el uso y disponibilidad de la propiedad en nombre de la organización del trabajo”.
Alberdi concluye profetizando de manera visionaria: “El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca… Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública”
